CERCLE OBERT DE BENICALAP EXIGE AYUDA DEL GOBIERNO A LAS FAMILIAS HIPOTECADAS Y EN SITUACIÓN DE QUIEBRA, ASÍ COMO QUE SE PROCEDA A SUSPENDER LOS DESAHUCIOS MIENTRAS DURE LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, amb el número 10.047 de la Secció Primera del Registre Provincial de València
Estimado Presidente del Gobierno de España
Con copia a:
Congreso de los Diputados
Como ya sabrán por los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2010 se produjeron cerca de cien mil ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo (93.622), cuatro veces más que al inicio de la crisis cuando esa cifra era de 25.943.
Sin embargo, y a pesar de este aumento de las familias en quiebra, los ciudadanos no disponemos de un mecanismo adecuado para negociar el pago de las deudas.
Ante esta realidad, ahora más acuciante, le pedimos a usted como Presidente del Gobierno y a todos y cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que, impulsen los cambios normativos necesarios para que se equipare a las familias con las empresas, de modo que puedan liquidar sus deudas con los activos disponibles en el momento de la quiebra.
Esto supone que, por ejemplo en el caso de un préstamo hipotecario, se cancelen de forma definitiva los pagos pendientes con la entrega de la vivienda.
Además, reclamamos:
"Que se habilite un procedimiento sencillo y sin costes para las familias, alternativo al concurso de acreedores, teniendo en cuenta el gasto adicional que representa este sistema: Así, para un caso tipo de un usuario cuyo pasivo estuviera compuesto por las siguientes deudas: hipoteca (126.000 euros pendientes de amortizar), compra de automóvil (15.000 euros) y créditos al consumo (9.000 euros), el coste de poner en marcha un concurso de acreedores ascendería a los 19.700 euros".
"Que en el proceso de renegociación de la deuda, se contemplen garantías para las familias en situación de quiebra sobrevenida (por paro o enfermedad) que evite los embargos y permita mantener la vivienda habitual".
Entendemos que estas reformas no sólo son necesarias y justas, sino posibles en el marco de la Subcomisión creada en el Congreso como respuesta al clamor social en apoyo de estas exigencias.
El Gobierno, igual que vela por la salud financiera de las grandes empresas y los bancos, con más motivo debe hacer lo mismo con la salud económica del ciudadano en situación de precariedad y desempleo, cuya capacidad de solucionar un problema de este calibre es mucho menor.
Atentamente,
Valencia, a 29 de junio de 2011
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Fdo: Antonio Marín Segovia
Secretario
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Floridablanca, s/n
28071 MADRID.-
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, amb el número 10.047 de la Secció Primera del Registre Provincial de València
Cercle Obert de Benicalap se suma a las peticiones y propuestas que las diversas Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), han formulado a los medios de comunicación, exigiendo la paralización de los desahucios y subastas de viviendas hipotecada y damos nuestro apoyo a todas las movilizaciones y actuaciones legales a realizar contra los bancos y entidades financieras, a las que acusamos de dejar en la calle a cientos de familias a diario en toda España, dado que no pueden hacer frente a los pagos.
Las ejecuciones hipotecarias, por las que las familias pierden su vivienda, aumentaron un 11,2% durante el último trimestre de 2010, desde los 250.000 procesos entre enero de 2007 y septiembre de 2010 a los 278.000 al cierre del pasado año. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los afectados por los embargos podrían alcanzar el millón.
La PAH está formada por un grupo de afectados cuyas viviendas se encuentran en fase de ejecución hipotecaria y que corren el riesgo de ser desahuciados en los próximos meses, siendo prioritario que los diversos grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, las Cortes Valencianas, el Sindic de Greugues de la Comunitat Valenciana, asuman las peticiones e iniciativas que llevan tiempo presentado.
Los afectados reconocen "su parte de responsabilidad" al haber asumido un compromiso económico que a día de hoy no pueden mantener, pero también se quejan de que los bancos les facilitaran en su momento unos créditos hipotecarios a sabiendas de que no eran personas solventes y de que tenían ingresos bajos.
Denuncian asimismo los afectados por las hipotecas, que las entidades bancarias han "sobrevalorado" los pisos, aumentando la deuda contraída,, cobrando "comisiones abusivas", a la vez que obligan a contratar seguros caros e "inútiles" La información que proporcionan los bancos a los clientes es sesgada e insuficiente, todo ello con objeto de optimizar beneficios
Los integrantes de las diversas Plataformas de Afectados por la Hipoteca exigimos a la administración pública y a los bancos, que el piso hipotecado sea vivienda pública de alquiler social. Es inadmisible que las familias que pierden su casa, deben seguir pagando el crédito, haciendo constar que la moratoria ICO del Estado, ha servido para agravar más el problema, porque lo único que hace es "aumentar los intereses".
La PAH y Cercle Obert de Bencialap hace responsable de esta situación a los bancos y entidades financieras, pero sobre todo a la administración pública, a la que acusa de haber favorecido la vivienda en propiedad en detrimento del alquiler y de promover las hipotecas de hasta 50 años "empujando a miles de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para poder tener una casa".
Medidas concretas: dación y alquiler social
Para acabar con esta situación, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la asociación Cercle Obert de Benicalap exigen a la administración que las viviendas hipotecadas que se utilicen como primera residencia, se conviertan en viviendas públicas de alquiler social, para que las familias desahuciadas que pierdan la propiedad de su casa puedan permanecer en ella como inquilinos.
Reclamamos la regulación de la dación en pago con carácter retroactivo, de manera que si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la deuda quede liquidada de manera automática, exigiendo nuestra entidad y la PAH que se preste asistencia jurídica gratuita desde la administración a todos aquellos ciudadanos que se enfrentan a un proceso de ejecución hipotecaria.
Desde Cercle Obert de Benicalap y las diversas Plataformas de Afectados por la Hipoteca que se están creando en todo el territorio nacional, solicitamos urgentemente a la administración la "apertura de los cauces de diálogo necesarios" para solventar el problema y advertimos que procederemos a convocar actos de protesta en los bancos y manifestaciones diariamente, si nuestras legítimas reivindicaciones no son atendidas y siguen siendo ignoradas por nuestros representantes.
El Congreso de los Diputados, Presidencia del Gobierno, las Cortes Valencianas, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana no pueden seguir permaneciendo alejados de los verdaderos problemas sociales, económicos, laborales, asistenciales… de los ciudadanos.
Es imprescindible y urgente que las instituciones públicas y los diversos partidos con representación en el Congreso de los Diputados y las Cortes Valencianas dejen de favorecer a entidades financieras, cuyo comportamiento vulnera claramente nuestro ordenamiento jurídico (y constituyen crímenes económicos contra la Humanidad) y aprendan a escuchar a los ciudadanos, atendiendo y canalizando nuestras legítimas, justas y lógicas peticiones e iniciativas.
Valencia, a 29 de junio de 2011
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Antonio Marín Segovia
Secretario
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Floridablanca, s/n
28071 MADRID.-
Presidencia del Gobierno de España
Complejo de la Moncloa
Avenida Puerta de Hierro, s/n
28071 MADRID.-
CORTES VALENCIANAS
Plaza San Lorenzo, 4
46003 VALENCIA.-
SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PASQUAL BLASCO, 1
03001 ALICANTE.-
*********************************************************************
Valencia, 29 de Junio de 2011
A: BANCAJA (BANKIA)
A: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE VALENCIA
A: Presidencia del Gobierno de España
A: Congreso de los Diputados
A: Defensor del Pueblo
A: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
A: Ministerio de Justicia
A: Cortes Valencianas
DE: PAH VALENCIA (PLATAFORMA D'AFECTADES PER HIPOTEQUES)
ASUNTO: DENUNCIA DESALOJO EXPEDITIVO EVA CARVAJAL 28/06/11
DOMICILIO AV. GENERAL AVILES, núm: 15 - 46009 Valencia
Procedimiento Judicial / Ejecución Hipotecaria nºxxxxxxx
Demandante: BANCAJA (BANKIA)
Sra./Sr. Directora/or,
La PAH Valencia (Plataforma d'Afectades per Hipoteques de Valéncia), de la que Eva Carvajal forma parte, denuncia las irregularidades en la ejecución del lanzamiento del procedimiento de referencia, tanto en su plazo como en su forma, denuncia que elevamos de forma expresa a Bancaja (Bankia), como impulsora de dicho procedimiento.
En primer lugar denunciamos el incumplimiento del aplazamiento de 1 mes para el lanzamiento, tal y como fue notificado en nota de prensa por el TSJPV (Tribunal Superior Justicia País Valenciano), el pasado 17 de Junio de 2011 (*). Según el cual el desalojo de Eva Carvajal se debía haber consumado el 18 de Julio de 2011, sin embargo éste se produjo el 28 de Junio de 2011, 20 días antes sin notificación previa alguna.
En segundo lugar, denunciamos las formas empleadas, carentes del más mínimo atisbo de humanidad y que atentan contra la dignidad hacia una persona y sus hijos, que se encuentran en situación de total vulnerabilidad y en situación de riesgo de exclusión social. A Eva Carvajal, el día 28 de junio, no le permitieron sacar sus enseres personales de la vivienda, debido a la premura con que tuvo que abandonar el piso y a la insistencia de los agentes judiciales. Ni siquiera la afectada tenía en este momento su DNI, ni pudo recoger la medicación, que como asmática toma diariamente, estando a la espera de recibir autorización de la comitiva judicial para poder retirarlos.
Por último comunicarles que esta denuncia será registrada, siguiendo el procedimiento legal, en el Síndic de Greuges, TSJ, Cortes Generales, Cortes Valencianas, Amnistía Internacional y asociaciones usuarios de bancos y cajas, así como otras entidades cívicas, dado que se han vulnerado diversos derechos fundamentales e incumplido unos compromisos hechos públicos a los medios de comunicación y a la propia afectada. Además se hará pública la presente denuncia, en aras de que la ciudadanía sea conocedora de las habituales prácticas abusivas e irregularidades en los procedimientos de ejecución hipotecaria que comete Bancaja (Bankia) y los organismos judiciales.
La PAH (Plataforma d'Afectades per Hipoteques de Valéncia), se suma a las propuestas formuladas por ADICAE, exigiendo a las instituciones judiciales, al gobierno de España, a las Cortes Generales, a las Cortes Valencianas, al Ministerio de Justicia, a todas las entidades dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos ... la total paralización de los desahucios mientras dure la crisis actual, recordando que el gobierno central no ha tenido reparo alguno en facilitar todo tipo de ayudas económicas millonarias a la banca y a entidades financieras en situación de quiebra, mientras niega las ayudas más elementales y básicas a los ciudadanos en situación de total indigencia y pobreza.
Atentamente,
PAH VALENCIA (Plataforma d'Afectades Hipoteques)
(*)
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, amb el número 10.047 de la Secció Primera del Registre Provincial de València
Estimado Presidente del Gobierno de España
Con copia a;
Congreso de los Diputados
Como ya sabrán por los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2010 se produjeron cerca de cien mil ejecuciones hipotecarias con resultado de embargo (93.622), cuatro veces más que al inicio de la crisis cuando esa cifra era de 25.943.
Sin embargo, y a pesar de este aumento de las familias en quiebra, los ciudadanos no disponemos de un mecanismo adecuado para negociar el pago de las deudas.
Ante esta realidad, ahora más acuciante, le pedimos a usted como Presidente del Gobierno y a todos y cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que, impulsen los cambios normativos necesarios para que se equipare a las familias con las empresas, de modo que puedan liquidar sus deudas con los activos disponibles en el momento de la quiebra.
Esto supone que, por ejemplo en el caso de un préstamo hipotecario, se cancelen de forma definitiva los pagos pendientes con la entrega de la vivienda.
Además, reclamamos:
"Que se habilite un procedimiento sencillo y sin costes para las familias, alternativo al concurso de acreedores, teniendo en cuenta el gasto adicional que representa este sistema: Así, para un caso tipo de un usuario cuyo pasivo estuviera compuesto por las siguientes deudas: hipoteca (126.000 euros pendientes de amortizar), compra de automóvil (15.000 euros) y créditos al consumo (9.000 euros), el coste de poner en marcha un concurso de acreedores ascendería a los 19.700 euros".
"Que en el proceso de renegociación de la deuda, se contemplen garantías para las familias en situación de quiebra sobrevenida (por paro o enfermedad) que evite los embargos y permita mantener la vivienda habitual".
Entendemos que estas reformas no sólo son necesarias y justas, sino posibles en el marco de la Subcomisión creada en el Congreso como respuesta al clamor social en apoyo de estas exigencias.
El Gobierno, igual que vela por la salud financiera de las grandes empresas y los bancos, con más motivo debe hacer lo mismo con la salud económica del ciudadano en situación de precariedad y desempleo, cuya capacidad de solucionar un problema de este calibre es mucho menor.
Atentamente,
Valencia, a 29 de junio de 2011
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Fdo: Antonio Marín Segovia
Secretario
Presidencia del Gobierno de España
Complejo de la Moncloa
Avenida Puerta de Hierro, s/n
28071 MADRID.-
Ante el anuncio que hizo ayer, martes 28 de junio, el presidente Zapatero de la próxima aprobación de medidas para dar respuesta a la dramática situación que enfrentan las miles de familias que en España no pueden hacer frente a los pagos de sus cuotas hipotecarias, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – PAH queremos destacar:
1. Celebramos como una victoria el hecho de que la fuerte presión social, protagonizada en primer lugar por lxs propixs afectadxs, haya logrado que finalmente el gobierno se vea obligado a anunciar medidas, a pesar de las fuertes presiones ejercidas por las entidades financieras.
2. Sin embargo, mostramos nuestro escepticismo ante el calado de las nuevas medidas. Ayer Zapatero no concretó cuales serán, a excepción del aumento de la cantidad inembargable del salario, y en cambio subrayó que no amenazarán "la solvencia de las entidades financieras". Le recordamos al presidente que las entidades financieras siguen acumulando beneficios millonarios en plena crisis, mientras que las familias sin recursos, las más vulnerables, son las más castigadas por una legislación perversa que sobreprotege a bancos y cajas. Es la solvencia de las cientos de miles de familias que actualmente sufren los procesos de ejecución hipotecaria la que debería preocupar al Gobierno, en lugar de ser tan sensible a los intereses de la banca especulativa.
3. Sobre el aumento de la inembargabilidad del salario, se pasaría de los 705€ actuales (última reforma de abril 2010) a 961€, que podrían aumentar ligeramente en caso de tener personas a cargo (por ejemplo, persona con dos hijos, el mínimo inembargable serían 1346€). En el caso de las ejecuciones hipotecarias en el estado español, esta medida sería como querer parar una hemorragia aplicando una simple tirita:
- No impediría que las familias queden condenadas de por vida, ya que las deudas hipotecarias permanecerían tras la pérdida de la vivienda. Una deuda impagable que crece con el tiempo. Aunque no te puedan embargar 961€, la condición de morosx te impediría, como sucede ahora, acceder a ningún crédito, pero también acceder a un contrato de alquiler e incluso puede ser un problema para lograr un trabajo. Es decir, se impide a miles de familias una segunda oportunidad, como en cambio sí sucede en todos los países de nuestro entorno, o con aquellas empresas del sector inmobiliario que se dedicaron a la compraventa especulativa de viviendas y a las que sí se les aplica la dación en pago.
- Persistiría el problema de los avalistas: miles de padres y madres que han avalado a sus hijxs están perdiendo su propia vivienda porque lxs avalistas también deben responder de la deuda con sus bienes presentes y futuros.
Es inaceptable que toda una generación quede condenada a la clandestinidad financiera, la economía sumergida y la exclusión social, sacrificando una vez más los derechos sociales de la población para garantizar aun mayores beneficios a la banca.
Por ello, desde la PAH seguiremos luchando con todo nuestro empeño para lograr la aprobación de la dación en pago con efectos retroactivos, así como la moratoria de los desahucios y la posibilidad de que los antiguos propietarios de las viviendas puedan permanecer en ellas en régimen de alquiler social. Esta victoria, aunque del todo insuficiente, nos muestra cual es el camino.
Desde que empezamos con estas reivindicaciones hace más de dos años, muchas son las voces que se han sumado desde el ámbito social, académico, judicial y político:
la dación en pago y la moratoria de los desahucios se han convertido en un clamor popular, y hasta los mismos funcionarios de los juzgados encargados de desahuciar exigen su inmediata aprobación, tal y como recoge hoy mismo una noticia del diario Público
(ver noticia)Ante el clamor popular, y la cercanía de las elecciones, el Gobierno debe decidir si gobierna para promover el bienestar de la mayoría de la población y la protección de lxs más vulnerables, o bien para acatar las órdenes de una banca avariciosa que por seguir acumulando beneficios y repartiendo obscenos salarios a sus ejecutivos, nos ha llevado a la crisis en la que estamos sumidxs.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca – PAH
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