Seguridad Privada. Proyecto de noviembre de 2009

De: Prensa Villegas

Villegas presentó un proyecto para modificar la Ley de seguridad privada en noviembre de 2009

Para el diputado Gabriel Villegas, "hay que terminar de ponerle el cascabel al gato".

De esta manera se refirió al tema de las empresas de seguridad privada, que tomó estado público tras el intento de asalto a una propiedad ubicada en un barrio cerrado de Tigre, en el que además, vive el Intendente Sergio Massa.

Villegas recordó, sin embargo, que desde el año pasado tiene estado parlamentario un proyecto de su autoría que pretende modificar la Ley 12.297, y que se diferencia de los que comenzaron a circular ahora, propuestos por la oposición, los cuales para el legislador, "son más de lo mismo".

"El proyecto que presentaron en la Cámara Alta no tiene en cuenta que no se habilitan a los custodios de los camiones de caudales; no regula las cooperativas y no produce innovación en materia de registración. Lo único nuevo -y que no comparto- es la creación de una subsecretaria específica, porque es más de lo mismo, lo que hay que hacer es cumplir la ley, y producir mejor controles", sostuvo el diputado.

La propuesta parlamentaria que presentó oportunamente Villegas, está concebida para controlar. En la actualidad se cree que hay al menos cien mil vigiladores privados en territorio bonaerense que no están registrados y tampoco tributan al fisco provincial.

"Por eso hay que tener en cuenta dos cosas, por un lado el control y fiscalización que lo debe realizar la Dirección de agencia  y el REPAR (acá hay que poner fin al 'Club de agencias de seguridad', que a través de un aporte hacen lo que quieren). Así se podrá saber quiénes prestan el servicio; dónde lo hacen; si tienen armas dónde están y quienes son responsables de esa actividad", explicó el legislador, al tiempo que agregó: "y por otro lado, debemos imaginar que 100.000 vigiladores no registrados, a un costo de $21 hora / mes hombre, representa unos 750.000.000 pesos (sin IVA) por mes de facturación que no tributa. Además, a esto hay que sumar que la provincia pierde en recaudación por no habilitar a los vigiladores unos 300 millones por año, ya que la actividad hace que se produzca una rotación constante del personal de alrededor del 10 por ciento mensual".

Cuando presentó el proyecto, Villegas había advertido que "el desarrollo de la seguridad privada que se ha producido en nuestro país, obliga a revisar el tratamiento legal para permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector y de los actuales vigiladores de seguridad", al tiempo que remarcó que "el análisis del sector y de sus circunstancias ponen de relieve que paralelamente a su crecimiento han aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los vigilantes, irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales. En la provincia  de Buenos Aires  contamos con un total de 155.000 vigiladores, de los cuales 105.000 se encuentran  presentando servicio en forma irregular.  Es casi un ejercito privado que no se sabe dónde presta servicio, para quién y qué armas poseen".

"Se entiende por Servicios de Seguridad Privada las prestaciones efectuadas en el territorio de la Provincia, por las personas jurídicas habilitadas por esta  normativa, de los siguientes servicios: vigilancia y protección de bienes; escolta y protección de personas; transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, incluyendo transporte de caudales; vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables y otros eventos o reuniones análogas; e investigaciones privadas contratadas por particulares siempre y cuando el objeto de la investigación y los medios para su realización sean lícitos", especifica el proyecto que como novedad,  incorpora a la ley al transporte de caudales en lo que se refiere a la habilitación de su personal.

Villegas remarcó que la nueva Ley prevé aplicar "severas sanciones" a quienes no cumplan con los requisitos, y que "se debe aumentar el control en las habilitaciones de personal, vehículos y objetivos, aplicando sanciones".

El Artículo 3° aclara que "solamente serán habilitados para proveer el servicio de seguridad privada regulado por la presente ley, las personas jurídicas regularmente constituidas bajo las leyes de la Nación y con domicilio en la Provincia de Buenos Aires que no se traten de fundaciones, asociaciones civiles con o sin fines de lucro ni cooperativas", y aclara también que "las personas físicas que presten servicios de seguridad privada lo harán siempre en relación de dependencia de las personas jurídicas habilitadas".

En tanto, propone una modificación del actual artículo séptimo, para especificar que las empresas que deseen prestar servicio en el territorio de la provincia, deberán adecuarse a esta ley, incluso, aquellas que transporten caudales, custodien mercaderías o realicen vigilancia ambulatoria de personas, si el punto de salida o destino es dentro de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto de Villegas regula también los uniformes, que no podrán "inducir a error", haciendo creer "que pudieran tratarse de instituciones o fuerzas de seguridad  oficiales nacionales o provinciales que hagan presumir que cumplen tales funciones".

Algo similar regula sobre los vehículos, que deberán "estar habilitados  y matriculados individualmente como tal por la autoridad de aplicación; ser de color rojo; lucir en sus puertas delanteras la denominación de la empresa a la que pertenecen y el número de matrícula especial individual; poseer la inscripción en letras blancas de las palabras 'seguridad privada' en la parte delantera y trasera del vehículo de modo claro y fácilmente legible y utilizar balizas blancas sobre su techo".           Esto es para evitar que circulen vehículos no identificados en cuyo interior viajan vigiladores armados, sin ningún tipo de control.

En cuanto a las obligaciones impositivas, el proyecto dispone "cumplir con todas las obligaciones tributarias de orden nacional y provincial así como también con todas las obligaciones previsionales y de seguridad social y acreditar su observancia ante la autoridad fiscalizadora cuando ésta se lo solicite, abonando el cumplimiento fiscal en la Provincia de Buenos Aires  con certificación emitida por la autoridad competente", y obliga además, a "contar con al menos una sede dentro del territorio de la Provincia, cuyo domicilio será considerado como domicilio legal y tributario de la Empresa de Seguridad".

Este punto es de vital importancia para las arcas provinciales ya que regulariza la situación impositiva de muchas empresas que fijan domicilio fuera del territorio bonaerense, pero prestan servicios en la provincia sin tributar ningún impuesto acá. Lo mismo que ocurre con las 'cooperativas' que utilizan esa figura para evadir cargas impositivas.

No obstante, el diputado señalo que es comprensible la preocupación del Gobernador Daniel Scioli y advirtió que "si se interviene, se debe realizar a través de personal que tenga conocimiento específico en esta materia, y no poner un abogado o un policía. Se necesita personal idóneo en fiscalización, e incorporar una cantidad suficiente de inspectores para realizar los controles. Hoy creo que los inspectores no llegan ni a 20".

En tanto, el legislador celebró el anuncio del mandatario respecto al aumento de salarios a la policía, y aseguró que mantiene "la esperanza que se tenga en cuenta que son los trabajadores más rezagados en el salario; que ponen en juego la vida, y trabajan turnos de 36 horas sin protestar ni hacer manifestaciones", y pidió que "el aumento sea proporcional a todo esto".