Comentario de nuestro Centro Ciudadano sobre Justicia Social: Justicia social no es una frase más que se dice ocasionalmente para quedar bien con los vecinos o el auditorio. Justicia social es una práctica política fundamental que debe acompañar obligatoriamente a una buena gestión que se precie de llamarse peronista y de aplicación fundamental para cualquier otra gestión democrática. La única verdad es la realidad y aunque los muchachos son todos buenos si los controlamos son mejores dijo el patron. Que bueno seria si la justicia se sienta al lado de los ciudadanos alguna vez en argentina y asume el rol que le corresponde en una sociedad civilizada dejando de victimizarse y mejor aun si pudiera generar su propia prensa, pero, a no ilusionarse fácilmente con las conclusiones de la red de jueces penales de la provincia porque ellos nunca demostraron verdadero interés para terminar con la corrupción en la argentina. Siempre meten preso al ladrón de gallinas o al más infeliz del grupo y ahora levantan la voz porque les quieren completar el archivo con expedientes nuevos de acuerdo a estas patéticas soluciones políticas propuestas sin presupuesto serio para terminar con el flagelo de la desocupación, el abandono de jovenes y adultos, su tratamiento medico y social, con la falta de planificación, de seguridad física, terminar con la impunidad y la corrupción que nos gobierna, etc. Seguramente los jueces tienen razón en que la justicia social minimizaría a la delincuencia a sus valores históricos pero ellos ven circular a su señoría y colega la corrupción por todo el territorio nacional como testigos mudos o cómplices, salvo algunos casos, parecen inmutables a pesar que son exclusivamente ellos quienes deben obligar a los otros poderes al fiel cumplimiento de las leyes y la constitución argentina. En nuestro Distrito, Alte Brown, la Casa de La Justicia sufre el mismo problema, digo, le tiran políticamente todos los problemas vecinales sin ningún tipo de apoyo logístico serio que permita mostrar algún grado de efectividad en la mediación y solución de los conflictos de derechos ciudadanos generados por ausencia del estado. Los casos cada vez son más y más complejos. La injusticia social crece regular y constantemente en cada rincon argentino. Ya sabemos de memoria las respuestas al ciudadano desde todas las secretarias y gobiernos: Yo señor, no señor lo tiene el ejecutivo, yo señor no señor, lo tiene el legislativo, yo señor no señor, lo tiene el judicial, yo señor no señor, lo tiene el periodismo... por ello: Basta de mentiras políticas. Abolir la corrupción y con ella la esclavitud y la pobreza social. Ciudadanos argentinos. Notas actuales relacionadas: Policiales | Prevención: "No hay mejor política criminal que la justicia social" La Red de jueces penales provincial elaboró un crítico documento sobre la actualidad en materia de Seguridad y Justicia. Cuestionó a políticos y medios, y afirmó que endurecer las penas no es la mágica solución a este problema "Creemos necesario recordar -una vez más- que no hay mejor política criminal que la justicia social", indicó mediante un duro informe la Red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires. . En el mismo documento, elaborado en los últimos días en Tandil, los jueces sostuvieron que hay una "falsa antinomia comunicacional entre garantismo y seguridad", e instaron a "articular la acción de la Justicia con la comunidad y constituir un Poder Judicial activo, que mejore su forma de relacionarse con la población a través de la creación de oficinas de prensa, dirigidas por profesionales idóneos, que informen adecuadamente acerca de la labor que realizan los jueces". Los magistrados se congregaron en Tandil como parte de sus encuentros periódicos para evaluar el funcionamiento actual del Poder Judicial en la Provincia y aportar su mirada frente a la problemática actual en materia de Seguridad y Justicia. De este modo consideraron que "el Poder Judicial debe buscar caminos de construcción diferentes para delinear el contenido y los límites infranqueables de su propia independencia funcional", y arremetieron contra los medios de comunicación al aseverar que existen "usinas de prensa" que generan "información amarillista", que luego se difunde a la sociedad creando una "falsa antinomia" entre garantismo y seguridad. Ya en abril la Red de jueces penales había manifestado por medio de otro documento que "las políticas de 'mano dura'" no son una "receta mágica" contra la inseguridad, ya que "de haber sido así, tanto la legislación aprobada en el gobierno bonaerense entre 2000 y 2001 bajo los auspicios de la doctrina de 'ley y orden' o, más recientemente, el severo endurecimiento penal que trajo consigo la campaña mediática y social que impulsara Juan Carlos Blumberg, habrían provocado un brusco descenso de los índices delictivos". En esta ocasión, los jueces ampliaron este criterio al sostener que ante el "incremento de personas detenidas como consecuencia de las últimas reformas procesales, el Poder Judicial no debe tolerar ni reacomodarse a ellas por obra de las operaciones dirigidas desde el Poder Político y la prensa en las que, ante las demandas de seguridad de la sociedad, amenazan a magistrados cuyas decisiones son adoptadas en el marco contextual de la Constitución Abolicionismo penal y/o garantismo por José Antonio Riesco Instituto de Teoría del Estado (A propósito de una conferencia del Dr. Camilo Tale, en el Centro de Estudios Cívicos "Tomás Moro"; el nombrado es profesor de las Universidades : Nacional de Córdoba y Católica de Cuyo, autor de varias obras sobre temas de derecho y filosofía jurídica). La indiferencia, o el apañamiento, ante el auge de la criminalidad parecen haberse convertido en un atributo del más alto nivel de la Judicatura en la Argentina. En fecha reciente la doctora Carmen Argibay (vocal de la Suprema Corte de Justicia) rechazó enfáticamente que la "seguridad" sea un problema urgente y grave : "primero debemos ver que los hospitales funcionen bien, y en otra oportunidad nos ocuparemos de la seguridad". Los ministros del Poder Ejecutivo tienen una opinión similar : los delincuentes en operaciones son trabajadores sin empleo, "víctimas de una sociedad injusta". Sin aclarar, de paso, que a la sociedad la maneja el kirchnerismo desde hace más de un lustro y con plenos poderes. Tales enfoques de la "alta política" oficial responden a una concepción del tema que se elabora y difunde con inocultable originalidad y peso, se viene extendiendo en parte de la magistratura, en numerosos legisladores y, para mayor daño, en las cátedras universitarias donde se forman los jóvenes que en un futuro no lejano ejercerán la profesión de abogados y muchos serán fiscales, asesores y jueces. Lo que se predica, con el liderazgo intelectual del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni (también miembro de la Suprema Corte y reconocido cofrade de Michell Foucault) es nada menos que la carencia de legitimidad del Estado para reprimir los delitos; a éste se le niega, pues, el "jus puniendi" (derecho a punir) y apenas si se le reconoce una cierta y precaria "potentia puniendi", también ilegítima aunque rija provisoriamente. Es preciso –sostiene dicha filosofía de la impunidad-- eliminar el Derecho Penal y dejarle sólo la función de "acotar, contener y reducir" el llamado poder punitivo del Estado. Sobre esta alarmante problemática --la destrucción del Estado desde el mismo Estado, para garantizar la impunidad de los criminales, ladrones y violadores-- versó la disertación de Carlos Tale, en el segundo coloquio de la Escuela de Dirigentes "Tomás Moro" que se realizó el 21 del cte. en Córdoba. Con notoria prolijidad en las citas y los argumentos, el profesor Tale reseñó las tesis principales de los "abolicionistas" : a) quien delinque lo hace sin culpa, pues se ve llevado a la transgresión por circunstancias sociales que determinan fatalmente su conducta y por ello no merece la pena; b) el delito no existe, es un mero rótulo para designar hechos singulares muy distintos unos de otros; c) la potestad penal es un abuso; los policías, jueces y guardia cárceles han cometido peores crímenes y mucho mayor número de crímenes que los demás; cada uno de los fines propuestos para las penas (prevención, retributivo, pedagógico,.) ; d) conforme al Evangelio no se debe resistir el mal con al violencia; e) la cárcel es castigo excesivo, lesiona la dignidad de la persona humana: g) la pena es sufrimiento inútil; e) la punición estatal es una usurpación del poder, ya que "confisca" a la víctima su derecho a reclamar por su derecho individual afectado; f) el poder penal castiga sólo a las clases oprimidas. (La obra más destacada de Zaffaroni, citada por el disertante, entre otras, es el Manual de Derecho Penal, en coautoría con A. Alagia y A. Slokar, 2005 ). Luego de refutar todas y cada una de las afirmaciones del "abolicionismo", en la parte final de su exposición --y antes del debate que fue intenso y amplio-- el Dr. Tale se refirió al Anteproyecto de nuevo Código Penal Argentino, elaborado por una comisión designada por el Ministro de Justicia. Acorde al mismo con excepción de seis tipos delictivos que deben recibir penas; para todos los demás los jueces no están obligados a decidir su punición, pudiendo incluso quedar impunes a criterio del magistrado actuante. Entre estos : cualquier asalto o robo a mano armada, la reducción de una persona a servidumbre, las lesiones gravísimas causadas a la víctima de un secuestro, cualesquiera lesiones gravísimas, la sustracción de un menor de 10 años del poder de sus padres, la producción, preparación y venta de estupefacciones para consumo ajeno, el organizar o financiar la producción o venta de estupefacientes, la extorsión para obtener dinero o cosas mediante intimidación. Con semejante filosofía de la impunidad se corresponde (como está a la vista en el país) el persistente rechazo del Gobierno a los reclamos por la inseguridad que viene saturando de tragedias a la población, sin distinción de clases y/o lugares. Así quedó en claro con las groserías que Luis D'Elía, vocero autorizado del oficialismo, lanzó sobre algunos líderes del espectáculo que se atrevieron a expresar el clamor de la sociedad al respecto. Atte. Juan B. Vegué Centro Ciudadano "Nuestros Barrios" |
Algo sobre inseguridad y justicia social para debatir en conjunto.
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