DECLARACION DE CORDOBA

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DECLARACION DE CORDOBA

Ciudad de Córdoba

12 y 13 de Noviembre 2008

Nosotros, representantes de las delegaciones regionales del NOA,

Centro y Patagonia de la Administración de Parques Nacionales y

de los parques nacionales Talampaya, San Guillermo, El

Leoncito, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito y el

M.N. Laguna de los Pozuelos;

Aún sabiendo que la actividad minera en cualquiera de sus formas

está prohibida en el ámbito de todo el sistema de áreas protegidas

bajo la administración de la APN según la ley nacional n° 22.351;

Y preocupados por:

- Los riesgos que supone la presencia de emprendimientos

mineros y petroleros para los recursos naturales y culturales

dentro y en el entorno de las áreas protegidas de jurisdicción de la

APN;

- Dar respuesta a la opinión pública en general y en particular a

las demandas sociales que sobre el tema ocurren en los territorios

que se integran a las áreas protegidas;

- Observar que este modelo de extracción de recursos naturales

pone en riesgo sitios de alto valor para la conservación y

corredores biológicos críticos para el mantenimiento de especies

de interés especial;

Conscientes:

- QUE para abordar esta problemática, la APN debe ampliar sus

capacidades para llevar adelante sus objetivos institucionales de

manera eficiente y concordante con las obligaciones impuestas

por el marco legal;

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- QUE para la protección de las áreas núcleo es vital ampliar el

análisis, aun fuera de los límites mismos de las áreas protegidas,

tal como lo establece el Convenio de la diversidad Biológica

(CDB) al adoptar el enfoque ecosistémico para el manejo de la

biodiversidad;

- QUE el CDB y el Plan de Gestión Institucional comprometen a

la APN a la promoción del desarrollo sustentable, y que por ende,

es nuestra obligación como organismo público evaluar el grado de

sustentabilidad de aquellos emprendimientos que se desarrollan

en el entorno a las áreas protegidas;

- QUE es necesario aplicar los principios de política ambiental

establecidos en la ley general del ambiente N° 25.675 en el

manejo de las áreas protegidas para anticiparse a los daños;

- QUE ante la posible necesidad de tomar acciones legales las

delegaciones involucradas no cuentan con un equipo de letrados y

técnicos que elabore los protocolos de actuación en caso de que la

actividad minera amenace, afecte o vulnere los espacios

protegidos bajo nuestra responsabilidad;

- QUE es nuestra obligación como funcionario público responder

ante acciones que vulneren la legislación vigente en nuestras

jurisdicciones;

- QUE es necesario evaluar los impactos acumulativos y

sinérgicos de los diversos emprendimientos y que para ello no se

cuenta con la suficiente información sobre la dinámica

ecosistémica;

- QUE estamos en presencia de una actividad en permanente

expansión y con proyección e incidencia en el largo plazo, que

por ello demanda una atención específica que asegure su

adecuada evaluación, monitoreo y contralor;

- Que resulta vital una política institucional propia que defina

claramente la posición de la APN respecto a esta problemática,

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congruente con sus objetivos y con los principios de la política

ambiental nacional expresada en la ley nacional N° 25.675 y los

compromisos internacionales asumidos.

Y reconociendo:

- QUE la APN es el referente estatal en los temas de conservación

de la biodiversidad para los diferentes estamentos de la sociedad;

- QUE el acceso a la información es clave para tomar decisiones

acertadas que nos permitan cumplir acabadamente con los

objetivos institucionales;

- QUE un apartado especial debe darse a los impactos ambientales

de la actividad minera sobre los recursos hídricos en relación a la

contribución de esta a los efectos del cambio climático global,

atendiendo a las proyecciones sobre la progresiva escasez de

agua, a los grandes volúmenes concesionados para su uso y al

hecho de que la demanda de agua se produce en zonas

extremadamente áridas, en las cabeceras de cuencas, y cuerpos de

agua que en muchos casos forman parte de hábitat de especies de

gran valor de conservación, y proveen valiosos servicios

ambientales a la población;

- QUE existe por parte de la APN el firme compromiso de llevar

adelante los objetivos institucionales, entendiendo con ello que

esta propuesta busca enriquecer el proceso de toma de las

decisiones y aportar a la solución de lo que constituye una grave

situación en muchas de las áreas protegidas;

Solicitamos a las máximas autoridades de la APN:

1. La definición, en un marco participativo, de una

política institucional propia para dar respuesta a la

problemática del tema minero y petrolero;

2. El fortalecimiento del equipo legal y técnico para dar

respuesta jurídica ante casos de violación por parte de

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terceros, de la legislación en la que la APN es

autoridad de aplicación, y normas concurrentes. Se

entiende por fortalecimiento la contratación de nuevo

personal y la capacitación del existente, poniendo

énfasis en aquellas regiones donde las necesidades son

mayores;

3. Resolver la situación dominial y legal de las áreas

protegidas, a fin de darle seguridad jurídica a las

mismas;

4. Disponer de la información actualizada acerca del

estado del catastro minero en la periferia y en zonas

pertenecientes a la misma cuenca de cada área y

características de cada pedimento.

5. Hacer el seguimiento de los edictos mineros para

observarlos en caso de que exista potencial afectación

a los recursos naturales que protegen los parques;

6. Reclamar la participación formal de la APN en los

procedimientos administrativos aprobatorios, en

particular en el procedimiento de EIA de los

emprendimientos mineros y petroleros (prospección,

exploración y explotación) a desarrollarse en el

entorno de los parques o que involucren recursos

naturales compartidos o que puedan afectar valores

de conservación naturales o culturales ubicados

dentro de los mismos.

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EL DOCUMENTO ADJUNTO,

ES EL PRODUCTO DE UN TALLER LLEVADO ADELANTE EN LA CIUDAD DE CORDOBA, CON LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES DE DIFERENTES NIVELES DE LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, DE LAS REGIONES NOROESTE, CENTRO Y PATAGONIA, PARA TRATAR LA INELUDIBLE SITUACION DE LA AMENAZA DE LOS RECURSOS NATURALES, "BIENES NATURALES COMUNES", DENTRO Y FUERA DE LAS AREAS PROTEGIDAS, POR LA CRECIENTE ACTIVIDAD MEGA ESTRACTIVA MINERA Y PETROLERA.

ESTA MANIFESTACION, ADEMAS DE LAS REALIZADAS POR LOS TRABAJADORES DE LA APN A NIVEL GREMIAL, CONSTITUYE UNA RESPUESTA LOGICA DE LOS TRABAJADORES DE UNA INSTITUCION EMBLEMATICA EN CONSERVACION CON PERSONAL COMPROMETIDO CON ESE OBJETIVO Y QUE QUIERE DIFERENCIARSE DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS QUE YA ESTAN SIENDO COOPTADAS POR EL PODER MONETARIO DEL CAPITAL (MINERO)

 

A.P.A.T.A. SAN LUIS

(Asamblea Para La Proteccion de Aguas y Tierras Argentinas)

Miembro activo de U.A.C (Union de Asambleas Ciudadanas)