No solo investigar a los Ka sino que sea ley nacional investigar a cualquier corrupto argentino por acción u omisión y de inmediato meterlo preso por traición a la patria a cargo de una renovada justicia seria, especial y descontaminada para tal fin y/o políticas de estado mas allá de los partidismos y los gobiernos de turno... Por y para ello: Basta de mentiras politicas. Abolir la corrupción y con ella la esclavitud y la pobreza social. Ciudadanos Argentinos 08.12.2009 | Política | Por: C.T. ENCABEZANDO LA COMISIÓN BICAMERAL QUE SE OCUPARA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ERA K De Narváez quiere liderar la investigación de la corrupción como trampolín para su candidatura Inquietud en la justicia federal por la irrupción de los legisladores en el tema. Por C.T. El nuevo mapa legislativo anida distintos proyectos que servirán de trampolín para candidaturas presidenciales. Uno de los más ambiciosos es el que está impulsando Francisco de Narváez para convertirse en el presidente de la futura comisión bicameral de investigación de la corrupción. El borrador del proyecto ya está avanzado y seguiría el esquema clásico de este tipo de comisiones: la integrarían seis diputados y seis senadores y su presidencia rotaría. Su duración sería de dos años, es decir, hasta la finalización del mandato de CFK. Una de sus características particulares es que el objeto de las investigaciones ya está incluido en el proyecto y se divide en grandes capítulos: obras públicas, subsidios, ONCCA, transporte y enriquecimiento ilícito, entre otros. Las facultades de la comisión serán amplias para investigar y requerir información, pero excluirán la posibilidad de secuestrar documentación y realizar allanamientos, aunque sí podrá interponer denuncias judiciales. Esta autolimitación se debe a que, en experiencias pasadas -por ejemplo la comisión que investigó a la Italo en el 85- los allanamientos y secuestros ordenados fueron objeto de fallos judiciales adversos, porque los jueces consideraron que los legisladores estaban invadiendo las competencias del Poder Judicial. De Narváez ya insinuó su voluntad de encabezar a los halcones anti-K el viernes pasado, cuando anunció que había que pensar en la posibilidad del juicio político a CFK. Experto en marketing político, el vencedor de Néstor Kirchner estaría convencido de que la bicameral contra la corrupción será una excelente plataforma política para su instalación nacional. El proyecto le serviría para cualquier variante: candidato a presidente, a vice o a gobernador de Buenos Aires. Además, la enorme trascendencia política del tema le daría a De Narváez un protagonismo tan importante como el de su rival Felipe Solá, hoy presidente del bloque del PJ disidente. Pros y contras En el mosaico opositor, la bicameral anticorrupción produce efectos diversos. Curiosamente Elisa Carrió, antes apasionada por estos temas, ahora no parece sentir entusiasmo, tal vez porque apuesta a la subsistencia de los Kirchner en el poder hasta el 2011 como la receta más eficaz para liquidar electoralmente al peronismo. Los radicales van y vienen con el proyecto. No pueden negarse a constituir la comisión, pero tampoco es una de sus mayores prioridades. Donde el tema causa escozor -y mucho- es en la justicia federal. En Comodoro Py ya hubo por lo menos una reunión de magistrados para analizar el tema. Para empezar, cualquier comisión investigadora del Congreso acerca de ilícitos deja siempre la sospecha de que algo falla en la justicia. En relación a denuncias nuevas, los jueces no tienen mayores reparos. Pero decididamente están molestos por la idea de que los legisladores van a supervisar las causas en trámite. No es un secreto que la mayor parte de los expedientes en donde se investigan los ilícitos de la era K no son precisamente un modelo de celeridad ni de prolijidad. Un grupo de senadores y diputados haciendo política con este tema podrían dejar descolocados a unos cuantos jueces y, lo que es peor, ponerlos al borde del juicio político en lo inmediato o para más adelante. Un fiscal federal definió esta perspectiva así: "no sea cosa que termine siendo la comisión investigadora de las responsabilidades de los jueces federales". Después de seis años de kirchnerismo ortodoxo, el más mínimo movimiento puede derrumbar un castillo de naipes. El Estado perdió 13.000 millones de dólares por la corrupciónPor Martín Dinatale (en La Nación - 9 Dic 09) El Estado argentino hoy no tendrá mucho para aplaudir cuando se festeje, según lo dispuesto por las Naciones Unidas, el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Si se mide en términos numéricos, el padecimiento del país es escalofriante: entre 1980 y 2007 la Argentina perdió 13.000 millones de dólares por la corrupción de sus funcionarios. Y si se mide en términos abstractos, el Estado tiene una importante deuda en materia de credibilidad de sus organismos públicos y en relación con el cumplimiento de las normativas tendientes a dar mayor transparencia. Según la evaluación que surge de un extenso informe que presentó ayer Poder Ciudadano sobre la base de un trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, "en la Argentina aún no se han dado a conocer medidas importantes para la promoción de transparencia y de castigo de la corrupción". El dato no es menor si se tiene en cuenta que los 13.000 millones de dólares que se perdieron por corrupción en los últimos 27 años no parecen haber significado atenuante alguno para instrumentar medidas más duras de lucha contra los funcionarios corruptos. Los 13.000 millones de dólares que se fueron por casos de corrupción surgen de un estudio realizado por el Cipce, una ONG argentina que hizo un seguimiento de 750 causas de corrupción en el Estado. Allí se tuvo en cuenta también que en los últimos 25 años los jueces federales sólo condenaron el 5% de los delitos económicos que investigan. Por otra parte, Poder Ciudadano estimó que, según esas cifras, "se observa que el dinero público que se pierde por la corrupción equivale a la construcción de 12 establecimientos de educación media, 104 jardines de infantes o la compra de 400 toneladas de leche para recién nacidos de bajo peso". También se podría añadir que 13.000 millones de dólares es el equivalente a dos veces el pago de intereses de la deuda pública externa e interna de la Argentina o el 18% del presupuesto nacional de 2010, por poner sólo algunos ejemplos. A su vez, el informe de la OEA es el resultado de un extenso relevamiento que hizo en septiembre último una comisión de expertos de esa organización internacional. Allí se recomendó "la necesidad, por parte del Estado argentino, de contar con normativas de acceso a la información que garanticen y permitan esta participación ciudadana en el control de la gestión pública". También la OEA instó a "instrumentar medidas que les permitan a los funcionarios a cargo detectar la existencia de dinero pagado por corrupción, en caso de que se pretenda usar para obtener beneficios tributarios, fortalecer las normas para la prevención del soborno de funcionarios y adoptar las medidas necesarias para que exista la responsabilidad penal y administrativa de las empresas jurídicas que sobornan en el extranjero o dentro del territorio argentino, más allá de las sanciones que se apliquen a las personas vinculadas a las mismas". El informe elaborado por los expertos de la OEA también pide al Estado argentino que haya un seguimiento de recomendaciones realizadas con anterioridad. Rodolfo Gil, embajador de la Argentina ante la OEA, expresó a La Nacion: "Si se compara con países como Canadá, Estados Unidos o naciones más cercanas, como Chile o Uruguay, es obvio que no estamos bien. Pero si se mira para abajo, la Argentina no está tan mal en cuanto a la lucha contra la corrupción". A la vez, Gil mencionó: "En la Argentina, uno de los temas que siempre surge cuando se analiza la lucha contra la corrupción es la falta de independencia de los poderes del Estado". El informe de la OEA sobre el estado de la corrupción en la Argentina, al que accedió La Nacion y que tiene 50 páginas, señala por lo menos cuatro recomendaciones relevantes en materia de lucha contra el soborno, el enriquecimiento de los funcionarios, las presentaciones de declaraciones juradas para evitar conflictos de intereses y la instrumentación de mecanismos más eficaces para las contrataciones de parte del Estado. En tanto, Pedro Biscay del Cipce, señala que "ante la ausencia de condenas, la respuesta usual se orienta hacia la creación de figuras penales y el aumento de penas. Si esto no funciona para el delito convencional menos produce efectos frente delitos que gozan del amparo o el auspicio y la participación del poder político". La Argentina adoptó en 2006 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece medidas de promoción de la transparencia en la gestión, prevención y castigo de la corrupción. Esta no es la única convención a nivel internacional que el Estado argentino se comprometió cumplir. En 1997 el país ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción. Pero la Argentina no parece haber tomado demasiado en cuenta todas esas disposiciones. El último informe de Transparencia Internacional, presentado hace menos de dos meses, determinó que se encuentra en el puesto 106 entre 180 países en materia de transparencia. Su nota fue de 2,9 en el índice de percepción de la corrupción que califica con diez puntos al país con mayor transparencia. Corrupción, como genocidio Por Enrique G. Avogadro "Padre -me dice Hailu-, es el principio de "vuestro fin. No podemos seguir viviendo más "tiempo de este modo. Estamos cubiertos de "ignominia. Las muertes en el norte y las "mentiras de la corte han hecho que vivamos "en la infamia. El país se hunde en la "corrupción, sus gentes mueren de hambre, a "cada paso no hay más que ignorancia y "barbarie. Estamos avergonzados de lo que "aquí ocurre, nos da vergüenza este país. Y "como no tenemos otro, padre, tenemos que "sacarlo del fango nosotros solos" Ryszard Kapuscinski, "El Emperador" Los diarios y los noticieros de TV, literalmente, chorrean corrupción, en niveles nunca vistos en la historia argentina, a punto tal que han hecho que nuestro país descendiera siete posiciones en el ranking mundial, para equipararse a los países más atrasados y feudales del África negra. Todos los días nos enteramos de nuevos hechos, que demuestran la total desvergüenza del modo de ejercer el poder de la pareja imperial y sus cómplices. Más allá de los rumores, nunca comprobados, de la compra de estancias y tierras en el sur por parte de ministros y sindicalistas ligados, por turbios negocios, al tirano de Olivos, realmente asombra la pasividad social frente a hechos tan graves como la falsificación de medicamentos, por ejemplo. Resulta un tópico común decir que la sociedad argentina sólo reacciona frente a las arbitrariedades cuando le tocan su órgano más sensible -el bolsillo- pero hasta eso ha dejado de ser cierto en nuestro país. La confiscación de los ahorros privados, depositados por sus titulares voluntariamente en las AFJP's, no motivó protesta alguna entre los afectados. Tampoco se ve un incremento en la combatividad de los jubilados, pese a que la permanente recurrencia del Poder Ejecutivo a las arcas de la ANSES para financiar cuanto proyecto estrafalario se le ocurre, transmite la certeza de la futura nueva crisis del sistema provisional. Es cierto que todos esos proyectos, sin excepción clientelistas y corruptos, son vendidos diariamente por el Gobierno como signos de su sensibilidad social, y que ello evita que se alcen fuertes voces en su contra. Resulta muy difícil, por ejemplo, oponerse a la incorporación al sistema jubilatorio de un millón y medio de personas que, por no haber realizado aporte alguno, carecían del beneficio, pero alguien debería explicarle a la población que, con la ampliación de la expectativa de vida y la baja tasa de natalidad de Argentina, cada vez hay menos activos para sustentar, con sus contribuciones, a los pasivos. Ello llevará, inexorablemente, a la quiebra de la ecuación del sistema, como ha ocurrido en casi todos los países europeos. Lo mismo ocurre con la asignación pseudo universal por hijo, que el Gobierno dispuso por decreto, para evitar la verdadera que proponían todos los proyectos en tratamiento en el Legislativo. Sería bueno que se explicitara que el sistema, tal como ha sido puesto en marcha, sólo favorecerá el clientelismo favorable al futuro candidato oficial, don Néstor. Pero lo sustantivo de esta nota, y de allí su título, es la lisa y llana corrupción, frente a la cual el "robo para la corona", atribuido en su época a Manzano, aparece como la conducta de un ladrón de gallinas. Más allá de que los casos concretos, por viejos, resultan casi excluidos del conciente colectivo -como los fondos de Santa Cruz, las facturas de Skanka, la valija de Antonini Wilson, la desaparición de US$ 90 millones del fideicomiso venezolano, la compra de tierras en Calafate, el crecimiento geométrico del juego y de la droga, la misma falsificación de los medicamentos, la adulteración de los datos del INDEC, el inexplicable crecimiento del patrimonio "blanco" de los Kirchner y otros funcionarios públicos, el apoderamiento de empresas para "argentinizarlas" en manos de amigos, la bochornosa adjudicación de sobrevaluadas obras públicas a esos mismos amigos, la impúdica utilización de bienes públicos para beneficios privados, la compra de aviones y yatchs por parte de los ladrones encaramados al poder, etc., etc., etc.-, no podemos olvidar, ni por un momento, cómo repercute el costo de esa corrupción en nuestro entramado social. ¿Cómo no nos detenemos a pensar qué podría hacer el Estado, honradamente administrado, con el dinero que hoy paga el "fútbol gratis" y la liberación de los "goles secuestrados"? ¿Cuántos alimentos o medicamentos se podrían comprar con lo que la pareja gasta en aviones para llevar, exclusivamente, los diarios del día hasta Calafate? ¿Cuántos hospitales y escuelas podrían hacerse con los inflados costos de las obras públicas, especialmente en Santa Cruz? ¿Cuántos remedios se podrían comprar con los aportes del Estado a Aerolíneas Argentinas, para que ésta sea usada como taxi por sus directores? ¿Cómo justificar el recrudecimiento del dengue por falta de un presupuesto adecuado, cuando se dilapida el dinero en proyectos faraónicos que nunca se concretan, salvo en el costo de los honorarios de las consultoras amigas? ¿Cuántos más helicópteros, armas y chalecos, autos y motos se podrían comprar para mejorar la seguridad cotidiana que, todos los días, se lleva la vida de los ciudadanos? Lo que está ocurriendo en nuestro país que, no olvidemos, puede producir alimentos para 400 millones de personas, es un verdadero genocidio. Y, sin embargo, no hay una reacción colectiva frente a ello, que imponga al poder la adopción de políticas públicas destinadas a paliar los flagelos que azotan a nuestra sociedad. Hay verdadero hambre en el Chaco, en Formosa, en Jujuy, en Salta y, también, en el Conurbano bonaerense. Millones de nuestros compatriotas carecen de la alimentación necesaria para el desarrollo del cerebro, y la estamos condenando a la ignorancia y a la falta de desarrollo. Miles, por otra parte, se ven afectados por enfermedades endémicas que requieren de una fuerte inversión para ser erradicadas, tales como el dengue y el mal de Chagas. La educación pública, que fue uno de los orgullos de nuestro país, prácticamente ha desaparecido, por la falta de planes inclusivos, por la transformación de los maestros en "trabajadores de la educación", por la falta de inversión, por la pobreza de la población pero, sobre todo, por la manipulación política del tema, para usarlo como ariete contra los gobiernos provinciales díscolos y, también, para mantener a la población sujeta a la voluntad del poder. Según las definiciones internacionales en boga, genocidio es un ataque que se consuma contra un sector determinado de la población, buscando su exterminio. ¿Qué está haciendo este gobierno con nuestros hermanos más pobres? Las armas que usa -el hambre, la enfermedad y la ignorancia-, ¿son menos letales que los fusiles y las bombas? Creo que no; muy por el contrario, tienen efectos que durarán generaciones enteras. Sin embargo, nadie reacciona. También es cierto que tampoco reacciona la sociedad cuando de defender la República se trata. Pero, a veces, resultan temas tan sofisticados que resultan de imposible comprensión por parte de la gran masa de la población. Para alguien que debe salir todos los días a juntar cartones, que debe hacer colas interminables en los dispensarios de salud y en los hospitales públicos, que debe pernoctar en la calle para obtener una vacante en una escuela pública, que diariamente percibe que la inflación le recorta su magro ingreso, y que vive con miedo en la calle y en su casa, ¿puede resultarle trascendente el cambio en la composición del Consejo de la Magistratura? ¿Cuántos de nuestros compatriotas accedían a las cifras del INDEC? ¿Cuántos leen los diarios y revistas de opinión? ¿Cuál es rating de los programas políticos en televisión? Si los propios dirigentes fueron incapaces de reaccionar cuando se sancionó, tramposamente, la Ley de Medios, ¿cómo pedirle al ciudadano de a pie una actitud distinta? Si los legisladores y líderes políticos y sindicales guardan silencio cuando se cercena la libertad de prensa, ¿con qué cara puede exigírsele a la población que asuma la defensa de algo tan elemental? Si los empresarios, tan fervientemente aplaudidores durante la gestión de los Kirchner, tienen verdadero pavor del Gobierno, no porque los pueda matar sino porque el disenso es premiado con visitas de la AFIP, ¿qué se le puede decir a los demás que, aún desde una pobreza abyecta, son obligados a sustentar los subsidios por la vía del IVA que pagan sobre los alimentos de primera necesidad. ¿Cómo explicar a los habitantes del Conurbano que yo pago sólo $ 8 por bimestre de gas, mientras ellos deben pagar hasta $ 140 por igual período? ¿Cómo justificar que, con los impuestos, esos mismos habitantes paguen la universidad de los privilegiados, cuando saben que nunca podrán mandar sus hijos a ella? ¿Qué quiere decir, en ese caso, "igualdad de oportunidades" si, cuando el hijo de un obrero llega a la facultad, debe competir con otros que ni trabajan ni deben gastar dos horas diarias para viajar? Es por todo eso que estamos convocando al acto del 10 de diciembre, a las 19:30, en la Plaza de los Dos Congresos, para pedir por la República, con seguridad, con orden y con solidaridad. Tenemos que decir ¡basta!,
De nosotros mismos depende todo eso. Debemos asumir el compromiso ciudadano de participar, de dejar de entregar la administración del país a los que sólo pretenden lucrar con ella, aún a costa del hambre y de la pobreza. Debemos recordar que estos K no salieron de un repollo; salieron de nosotros, de esta sociedad enferma de individualismo y de apatía, de "no te metas". Tenemos una oportunidad el 10 de diciembre. Por Dios, ¡no la desaprovechemos esta vez! Bs.As., 23 Nov 09 Juan B. Vegué Centro Ciudadano "Nuestros Barrios" |
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