"Para nuestra sorpresa, la aplicación de la Ley de Bosques es boicoteada por la propia Secretaría de Ambiente de la Nación que no reclama ni pareciera querer que en el Presupuesto 2010 se establezcan los fondos correspondientes para la protección de los bosques", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El artículo 23 del actual proyecto de Ley de Presupuesto 2010 establece una partida de 300 millones de pesos "como máximo" para la constitución de dicho fondo, pero la Ley de Bosques dicta en su artículo 31 que el monto destinado "no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional". De acuerdo al Presupuesto Nacional previsto para 2010, de más de 273 mil millones de pesos, los fondos deberían ser, como mínimo, de 821 millones de pesos.
Además, la Ley de Bosques establece que a esta suma debería agregarse "el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración", por lo que los recursos podrían ascender a 1.200 millones de pesos.
"Con este exiguo e incierto presupuesto el Estado es el primero en incumplir con la Ley de Bosques. De esta manera se da una muy mala señal hacia los gobiernos provinciales y las empresas, que demuestra la ausencia de una política ambiental seria en defensa de los bosques nativos", afirmó Giardini.
Dichos fondos deberán distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley de Bosques. El 30 por ciento de ese dinero apunta a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70 por ciento restante estará destinado a compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
"La ley Bosques significó un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país y un logro significativo en la participación de la sociedad civil, que apoyó su sanción con un millón y medio de firmas, pero para su plena aplicación resulta fundamental que el Congreso Nacional incorpore la partida correspondiente en el presupuesto del año 2010", sentenció Giardini.
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