Después de casi 10 meses de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación el Juez Federal Armella decide. Se juega una instancia donde el Riachuelo se hace pariente de los casos emblemáticos que están en la justicia. Si lugar a dudas el compromiso de abogados y organizaciones de todos el país contrastan con los ejecutivos. Al respecto requerimos la opinión | Escrito por Redacción |
| Miércoles, 27 de Mayo de 2009 22:28 |
| El Juez Federal de Quilmes, Luis Armella, acaba de dictaminar el ordenamiento interno de la Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo (ACUMAR), bajo pena de apercibimiento diario, a partir del 8 del mes próximo, o sea ya no hay tiempo. Pasaron muchos meses de inacción y los plazos se terminan. A propósito de esta resolución pedimos opinión al Doctor Mariano Aguilar
Aire Fresco Por Dr. Mariano J. Aguilar Director ejecutivo de la Asociacion Argentina de Abogados Ambientalistas Si bien es cierto que ACUMAR, es creada por una ley como producto de la intervención de la Corte Suprema, siendo el organismo responsable de producir el milagro tan esperado, de limpiar el Matanza Riachuelo, su ineficiencia hasta la fecha solo muestra como logro la extracción de algunos barcos hundidos y el corte de pasto de extremos donde había una desidia y abandono absoluto. El Juez Federal Armella, brazo ejecutor de la Corte Suprema en la ejecución de la limpieza, se ha demorado mucho en realizar, la intimación que aparece como hecho notable en la nota referida.- De acuerdo a la delegación efectuada por la Corte al Juez Federal Armella, éste tiene facultades de multar a los funcionarios que incumplan su cometido.- Bienvenida la hora de aplicar la ley, y comprobar una vez mas que si no es a través de la Justicia, el Estado no tiene sobre si, la intención de ocuparse de las tareas ambientales.- Solo busca servirse de sus cometidos, para conseguir fondos internacionales baratos, los cuales dudamos que lleguen a ser utilizados en la famosa limpieza del Matanza Riachuelo.- A la experiencia en este tema nos remitimos.- Sin embargo, decimos desde aquí, que un poco de aire fresco ha llegado, para un cometido tan detenido e ignorado por las autoridades nacionales, provinciales y del Gobierno de la Ciudad.- www.medioymedio.com.ar |
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| Miércoles, 27 de Mayo de 2009 11:09 | |||||||
| La justicia y el ambiente se están viendo las caras demasiado y eso es bueno. Ahora, el Juez Federal de Quilmes, Luis Armella, acaba de dictaminar el ordenamiento interno de la Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo (ACUMAR), bajo pena de apercibimiento diario, a partir del 8 del mes próximo, con multas que alcanzarán tanto a los directivos del organismo, como a los funcionarios intervinientes del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El magistrado quiere poner orden en un organismo que hasta el momento, no ha cumplido con lo dispuesto en el Acuerdo Compromiso suscripto por esos tres gobiernos anteriormente mencionados y los 14 municipios de la cuenca hídrica, que dio vida a la Ley federal 26.168, sancionada el 15 de noviembre de 2006 y promulgada el 4 de diciembre de ese mismo año. Las leyes 2.217 y 13.642 de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia homónima, adhirieron a esa norma federal. El Juez Federal, que tiene a su cargo la ejecución de al sentencia de la Corte Suprema “Mendoza” que ordenó limpiar al Riachuelo, dejó bien en claro el carácter "interjurisdiccional autónomo y autárquico" de la ACUMAR, en respuesta a cuestionamientos de representantes de esos tres estados –Nacional, Provincial y Porteño-, respecto de las facultades y competencias que la ley 26.168 le otorgó a esa autoridad. En tal sentido, la ACUMAR tiene “competencia y facultades superiores a la de los estados que la conforman, ello, en virtud del contenido de los derechos fundamentales establecidos por la Constitucional Nacional, como así las leyes federales dictadas en congruencia, y los distintos acuerdos y normativas locales que los propios estados intervinientes han sancionado”, dijo Armella en los considerandos de la sentencia. Una vez aclarado ese punto, el magistrado se abocó en la responsabilidad de esa autoridad y su obligación de organizarse “con el objeto de dar fiel y acabado cumplimiento con la ejecución del fallo dictado por nuestro Máximo Tribunal". En tal sentido, deberá implementar un esquema administrativo de organización interna; establecer y definir sus sedes edilicias y la competencia que tendrá cada una de ellas; intervenir sobre la habilitación de los establecimientos que se asienten en la cuenca hídrica en lo concerniente a materia ambiental y realizar convenios con las distintas fuerzas de seguridad que permitan aportar la seguridad necesaria para el cumplimiento de las acciones que se realicen. También, deberá unificarse en forma clara el poder de policía ambiental que posee la Autoridad de Cuenca sobre la cuenca hídrica en cuestión, implementando y estableciendo las facultades de control y prevención en materia ambiental, que poseerán los funcionarios de esa autoridad por sobre las autoridades locales. “Es la hora de la justicia”, parecería decir esta resolución del Juez Armella –parafraseando aquella frase de Leopoldo Lugones de la hora de la espada, aunque con un contenido absolutamente inverso-, que se complementa con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Desde el lado de los funcionarios responsables de velar por la seguridad ambiental de los ciudadanos, el olfato entrenado para detectar problemas –arma indispensable para la supervivencia en la selva política- pareciera haber tropezado con la desesperación de una inminente citación a los tribunales en todo el país que empujó a una jugada tan peligrosa como incierta: frenar la judicialización del ambiente.
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